Es el ejercicio de la gobernabilidad del espacio público por parte de la Administración distrital, con el fin de preservarlo como un derecho colectivo y promover el desarrollo sostenible. Con este propósito, se busca la articulación y gestión interinstitucional, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y su vinculación en los procesos de transformación de sus comunidades. Además, se reconocen las competencias e intereses de los actores que convergen en la planeación y gestión del ordenamiento del territorio, para lo cual se promueve el correcto funcionamiento de las áreas y la oportuna respuesta a las necesidades de la población.